El hurto de energía es un 25% en el sistema y sólo 38% tiene medidores
BM y BID dicen sector eléctrico no mejora luego de la capitalización
El clientelismo político es una de las causas de las pérdidas en el sector eléctrico.
Sólo el 38% de los usuarios de electricidad está en las condiciones típicas de facturación en función del consumo, un 25% accede al sistema mediante el hurto y un 22% de los que reciben energía está ubicado en los barrios bajo la modalidad del Programa de Reducción de Apagones (PRA). Con este panorama no es posible una solución al déficit histórico que arrastran las empresas distribuidoras y su consecuente impacto en las finanzas públicas.
Así lo establece un diagnóstico del sector eléctrico que presentaron al presidente Leonel Fernández los técnicos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el encuentro que sostuvieron el 20 del mes pasado en el Palacio Nacional, donde dejaron claro que luego de la capitalización de las empresas eléctricas estatales los niveles de pérdidas son similares que cuando se ejecutó la capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y se crearon las distribuidoras y las demás empresas del sector.
La presentación que hicieron los técnicos del BM y del BID al presidente, de la cual obtuvo copias LOCOTIDIANO, establece que de alrededor de dos millones de hogares que están conectados al sistema sólo hay 762,805 que tienen medidor. Una de las debilidades que señalan los organismos internacionales es que dentro de los considerados clientes de las distribuidoras hay 284,904 cuya facturación se hace sin medidor, o sea, a través de premediación del consumo, mientras que sin contratos hay cerca de 506,110.
El diagnóstico presentado al Gobierno establece que en los barrios PRA se pierde más del 90% de la electricidad, mientras las distribuidoras no han hecho lo necesario para revertir esta situación que mantiene en constante déficit operacional al sector eléctrico.
Los organismos financieros critican el círculo vicioso que dicen afecta al sector, pues las tarifas, que están congeladas desde enero de 2006, no cubren costos, lo que genera un déficit financiero crónico. Señala que de esta manera es que siempre falta dinero para hacer las inversiones en redes para tener como consecuencia apagones y racionamiento, hurto, no pago y un total deterioro de la infraestructura.
Entre las causas del problema señalan una deficiente gestión comercial de las distribuidoras con pérdidas por el nivel del 30%, lo cual es el mismo de 1999 cuando se hizo la capitalización. Destaca que en los últimos diez años sólo se ha ahondado la crisis energética con niveles de pérdidas que han llegado al 50% y que todavía las empresas no han logrado registrar pérdidas por debajo de las logradas antes del proceso de creación de las distribuidoras.
Según la presentación, los subsidios no focalizados y la implementación incompleta de la institucionalidad, incluyendo la no aplicación de la ley antifraude, traen consecuencias económicas negativas, lo que se agrava con la falta de planificación efectiva y coordinación entre las entidades que tienen que ver con la estabilización del suministro. Por las condiciones deficitarias en que se encontraba el momento de su creación, el informe señala que Edenorte, que recibió 50% de pérdidas, es la que más ha logrado reducir sus pérdidas, aunque todavía su situación es delicada.
De acuerdo con el diagnóstico del BM y del BID, entre las consecuencias que se derivan de la mala gestión de las distribuidoras está el no pago oportuno a los generadores, con los cuales hay una deuda corriente que supera los US$250 millones. Otra secuela son los apagones cada vez más frecuentes, mientras que el Estado se ve obligado a financiar el déficit con un gran impacto fiscal.
Destaca que el riesgo sectorial impide atracción de nuevas inversiones a precios competitivos, lo cual coincide con el reporte que dijo el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rhadamés Segura, que le dieron algunos inversionistas para no instalarse en el país.
En cuanto al impacto fiscal hace referencia al déficit de US$700 millones que se estima para este año, tomando como parámetro el promedio de precios de los combustibles en el primer trimestre. Sin embargo, señala que el nivel de efectivo del déficit 2009 dependerá de la cotización durante los meses siguientes y de las medidas adoptadas. “Un variación de más o menos 10% en los precios de los combustibles impactará el déficit en alrededor de US$10 millones”, estima.
Como dato preocupante destaca que en cuanto al costo de oportunidad social en promedio es cuatro veces el gasto en vivienda, tres en agua y alcantarillado, tres cuarto en educación y una vez lo que se destina en asistencia social.
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